Vox al Govern balear: «Han convertido la condición de ser mujer en un filón para despilfarrar dinero»
Exige al pacto de izquierdas que deje de obstaculizar la investigación sobre el escándalo de los abusos a menores tuteladas
"De los siete millones de presupuesto del Institut de la Dona, uno se destina a salarios y el resto a pagar chiringuitos"
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Dura crítica de la diputada de Vox Idoia Ribas a la gestión de la consellera de Igualdad, la socialista Mercedes Garrido, durante el Pleno de la Cámara balear de este martes. «Han convertido la condición de ser mujer en un filón para despilfarrar dinero público con la excusa de ayudar a las mujeres, pero a la hora de la verdad no sólo no hacen nada por ayudarlas, sino que con sus fracasadas políticas económicas y sociales, lo que hacen es empeorar la vida de todos, incluyendo, por supuesto, a las mujeres», ha dicho Ribas.
La diputada de Vox ha censurado el discurso «ñoño y buenista que abraza la multiculturalidad, porque con ella se ha traído a nuestros barrios la cultura de países donde sí existe un machismo estructural». Por ello ha exigido que desde Igualdad se deje de «criminalizar a nuestra sociedad y nuestra cultura, donde las mujeres y los hombres convivimos en paz y en plena igualdad de derechos, a pesar de sus empeños por enfrentarnos para poder seguir justificando su festín feminista».
La diputada de Vox ha denunciado que de los siete millones de euros de presupuesto del IBDona, uno se dedica a pagar salarios, mientras el resto a «subvencionar asociaciones, chiringuitos y propaganda ideológica para justificar la existencia del propio instituto».
Ribas ha mantenido que las políticas del tripartito en nada han mejorado las vidas de las mujeres. «Si quieren de verdad luchar contra la violencia hacia las mujeres, apuesten, como hace Vox por endurecer las penas para los delincuentes sexuales y asesinos, y dejen de obstaculizar las
investigaciones, como hacen sistemáticamente ante el bochornoso escándalo de menores tuteladas captadas por redes de prostitución ante su inutilidad gestionando los servicios de protección de menores», ha concluido.